El gobierno mexicano está impulsando una reforma que convertiría la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un sistema obligatorio de identidad digital, integrando datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial. Esta reforma se presenta como una solución ante la creciente crisis de desapariciones en el país, pero ha generado fuertes preocupaciones sobre sus implicaciones en los derechos humanos, especialmente en términos de privacidad y vigilancia masiva.
El plan busca cambiar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para establecer la CURP biométrica como la única identificación oficial, reemplazando otros documentos como el pasaporte y la credencial de elector. Asimismo, la modificación contempla la creación de una base de datos central que almacenaría información biométrica de todas las personas, incluidos los menores. El uso de este sistema sería mandatorio para realizar cualquier gestión pública o privada, como la apertura de cuentas bancarias o el acceso a servicios del gobierno.
Aunque la reforma indica que se necesitará el permiso de los ciudadanos para recopilar datos, muchos especialistas sostienen que, en la realidad, esta disposición sería imperativa, dado que la CURP biométrica se requeriría para obtener servicios fundamentales. Esto crea una situación en la cual las personas no tendrían una auténtica libertad para decidir, ya que negarse a registrarse implicaría ser excluido de los servicios básicos.
Especialistas en derechos digitales y activistas han indicado que la iniciativa podría facilitar la supervisión a gran escala y el uso indebido por parte de las autoridades. En un escenario donde las agencias gubernamentales en México han demostrado ser históricamente propensas a la corrupción y a acuerdos con grupos delictivos, el peligro de que esta información biométrica sea utilizada incorrectamente para extorsión o represión política es significativo. Adicionalmente, existe preocupación de que la aplicación de este sistema impacte especialmente a colectivos vulnerables, como las personas trans o aquellos con huellas digitales dañadas, quienes podrían enfrentar dificultades para ser identificados adecuadamente por el sistema.
El proyecto también ha sido criticado por aprovechar el dolor de las familias afectadas por la desaparición de personas para promover una medida que, según los expertos, no aborda de fondo las causas de este problema. En lugar de centrarse en soluciones más efectivas para prevenir y resolver los casos de desapariciones, la reforma podría ser utilizada como una forma de control masivo de la población bajo la justificación de la seguridad.
La implementación de tecnologías biométricas ha tenido resultados polémicos en otros países. Por ejemplo, en Venezuela, personas transgénero han tenido dificultades para acceder a productos básicos debido a que su apariencia no coincidía con sus registros biométricos. Casos similares han ocurrido en Chile, donde trabajadores con huellas dactilares desgastadas no pudieron ser identificados correctamente por el sistema. Estos ejemplos demuestran que los sistemas biométricos pueden fallar y, en lugar de proporcionar seguridad, pueden contribuir a la exclusión social.
El incremento de la digitalización de la información personal, promovido por la incorporación de tecnologías de monitoreo, genera un desafío significativo entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Algunos argumentan que es necesaria una reforma para incrementar la seguridad y prevenir actos delictivos, aunque hay quienes alertan que tales propuestas podrían impactar negativamente en la libertad individual y la privacidad de las personas a largo plazo. Por esta razón, es crucial que cualquier progreso tecnológico en este terreno sea acompañado de una reflexión detallada sobre los derechos fundamentales de la sociedad, para impedir que se transforme en un mecanismo de control en vez de una solución efectiva a los asuntos sociales.
