La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, llevada a cabo en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se esperaba que fuera un momento decisivo para reformular las normativas del sistema financiero global y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible culminó en un documento final que ha recibido críticas significativas por parte de organizaciones de la sociedad civil, las cuales señalan su falta de ambición, claridad y determinación política genuina.
El documento, conocido como «Compromiso de Sevilla», recibió el aval de la mayoría de las naciones asistentes, aunque careció del apoyo de ciertos países claves, como Estados Unidos, cuya falta de presencia influyó en el carácter de las discusiones. Según las organizaciones no gubernamentales, el texto no ofrece las soluciones necesarias para enfrentar la crisis de deuda que afecta a numerosos países en desarrollo, ni proporciona un estímulo efectivo para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo declive pone en riesgo el aumento de la desigualdad a nivel mundial.
Durante los días previos al encuentro oficial, más de 1.500 representantes de organizaciones sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se consolidaron propuestas para una reforma integral del sistema económico global. Allí se insistió en la necesidad de establecer un mecanismo multilateral, independiente y jurídicamente vinculante para la reestructuración de la deuda soberana, que garantice la participación equitativa de países deudores y acreedores, evitando que los ajustes recaigan sistemáticamente sobre los más vulnerables. Sin embargo, el documento aprobado solo menciona, de manera vaga, la apertura de un proceso de debate dentro de la ONU sobre el tema, sin compromisos concretos ni plazos.
De acuerdo con representantes de diversas redes globales, se perdió la ocasión histórica de tomar medidas firmes en este asunto. Actualmente, más de 60 naciones dirigen más del 10 % de su gasto público al pago de deudas, superando la inversión en educación y salud, mientras que los procesos actuales de reestructuración permanecen opacos, lentos y controlados por entidades poco representativas.
Simultáneamente, la situación de la asistencia al desarrollo continúa siendo preocupante. La AOD disminuyó un 9 % en 2024 y se pronostica otro descenso este año, empeorado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia incide directamente en programas vitales como la inmunización infantil, la protección de personas refugiadas, y el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incorpora medidas específicas para revertir esta situación, ni un calendario para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque ciertos especialistas subrayan progresos en el plan para aumentar tres veces el límite de préstamos de los bancos de desarrollo multilaterales y el respaldo a acciones fiscales globales, las entidades sociales afirman que esos pasos son inadecuados si no se complementan con una transformación significativa de las normativas que gobiernan la economía mundial. También critican que numerosos países adinerados sostienen un discurso contradictorio: por un lado, ofrecen colaboración; por otro lado, disminuyen presupuestos y elevan el gasto militar.
La falta de presencia de Estados Unidos fue vista por ciertos participantes como una ocasión para que otros poderes, como la Unión Europea o China, asuman el liderazgo en la modificación del sistema. No obstante, esa ausencia también significó la pérdida de uno de los mayores financiadores y figuras cruciales, lo que disminuyó el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que la conferencia que se realizó en Sevilla incluyó aspectos favorables, como admitir la importancia de relacionar el financiamiento para el desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero señalan la ausencia de medidas específicas para asegurar su ejecución. Además, exigen que la participación de la sociedad civil sea más influyente en futuros eventos, y no meramente simbólica.
Con la Agenda 2030 en peligro y una deuda global en aumento, la comunidad internacional tenía en Sevilla una oportunidad para reequilibrar las reglas del juego. Sin embargo, el resultado dejó más preguntas que respuestas. Para los activistas, el verdadero compromiso no se mide en declaraciones diplomáticas, sino en decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades históricas y garanticen el derecho al desarrollo para todas las naciones. Mientras eso no ocurra, los compromisos seguirán siendo, en palabras de los propios asistentes, buenas intenciones sin impacto real.
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